¿Cambia la forma de trabajar?

El presidente Javier Milei aseguró en una entrevista televisiva que la reforma laboral que su gobierno impulsará en el Congreso “no afectará los derechos de nadie”. Sin embargo, el proyecto presentado por la diputada oficialista Romina Diez, titulado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo e Inversiones Productivas, plantea modificaciones profundas a la Ley de Contrato de Trabajo que, según especialistas, implican una marcada flexibilización del mercado laboral. La propuesta introduce cambios en la irrenunciabilidad de derechos, las facultades del empleador y el régimen de licencias por enfermedad y vacaciones.

 

Entre los puntos más controvertidos, la iniciativa habilita a los empleadores a realizar modificaciones en las modalidades de trabajo, siempre que no se consideren “irrazonables” ni generen perjuicios materiales o morales al empleado. Asimismo, contempla la posibilidad de extender la jornada laboral de ocho a doce horas mediante la figura del “banco de horas” o regímenes especiales, con un descanso mínimo de doce horas entre turnos. El proyecto también incorpora mecanismos para adaptar las convenciones colectivas de trabajo a “las nuevas condiciones de producción”, lo que, en la práctica, abre la puerta a una mayor flexibilización horaria.

 

Otro de los cambios sustanciales recae sobre el régimen de vacaciones. Según la nueva redacción propuesta, será el empleador quien determine las fechas de descanso, notificando al trabajador con 21 días de anticipación. Además, se habilita la fragmentación del período vacacional en lapsos no menores a una semana, y se establece que los empleados podrán acceder a vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que elijan lo contrario.

 

El capítulo final del proyecto aborda el sistema de indemnizaciones y los créditos laborales, fijando que las actualizaciones de deudas se ajusten por inflación más un 3% de interés anual, en lugar de los índices judiciales actuales. También limita al 20% los honorarios de abogados en juicios laborales y permite a las PyMEs pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. En conjunto, las medidas reducen los costos empresariales frente a litigios y abaratan los conflictos laborales prolongados, configurando un escenario de mayor previsibilidad para los empleadores y menor protección para los trabajadores.

 

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