Investigación expone la persecución a los sindicatos durante la gestión de Mauricio Macri
La Unidad de Información Financiera, que estaba a cargo de Mariano Federici, relevó información sobre 148 asociaciones sindicales y 171 personas que fueron o podrían haber sido autoridades de los gremios.
7 de marzo de 2022
La Unidad de Información Financiera (UIF) propuso dedicarse a hacer inteligencia sobre los sindicatos para ver si lograba detectar operaciones que pudieran ser denunciadas ante los fiscales o los jueces mientras el entonces presidente tildaba a referentes gremiales “mafiosos”. Como parte de esa tarea, el organismo relevó información sobre 148 asociaciones sindicales y 171 personas que fueron o podrían haber sido autoridades de los gremios con presencia nacional, según un informe al que accedió Página/12 y que figura en la causa de la llamada “Gestapo” antisindical, en la que se indaga en la vinculación entre funcionarios macristas, empresarios y servicios de inteligencia.
El juez federal Ernesto Kreplak pidió información a distintas agencias estatales para reconstruir qué se hizo desde cada dependencia. Así fue como, días atrás, recibió un informe de la UIF en el que queda claro que los sindicatos se convirtieron en un blanco de persecución del macrismo al menos desde abril de 2017.
El discurso público del entonces presidente Mauricio Macri impactó en la actividad interna de los organismos a su cargo. El 21 de abril de 2017, la Dirección de Análisis de la UIF –a cargo de Lucas Reboursin– propuso investigar a los sindicatos. Un día antes, la CGT se había reunido para evaluar el paro del 6 de ese mes y había decidido que haría un acto en Obras Sanitarias para el 1 de mayo.
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La Dirección de Análisis de la UIF decía que había que mirar en los sindicatos porque podrían ser un factor de riesgo que no estaba contemplado. “Los antecedentes obrantes en esta Unidad respecto a las maniobras efectuadas por ciertas autoridades de distintas organizaciones sindicales, consistentes en transacciones económicas mediante las cuales, entre otras, se habría efectuado el desvío de fondos desde dichas organizaciones a personas físicas y/o jurídicas de sus entornos, en desmedro de los intereses de los propios afiliados, concluyendo que las operatorias desarrolladas resultaron sospechosas en los términos de la Ley 25.246 y modificatorias y efectuando la diseminación del análisis al Ministerio Público Fiscal y/o al Poder Judicial”, señalaba el dictamen que firmó Reboursin justificando husmear en los gremios, el enemigo público número 1 de Macri.
